¿Cómo enfrentamos la violencia escolar en las aulas del país?

Hace algunos días, Mineduc presentó un proyecto de ley llamado “Aula Segura”, que pretende entregar mayores atribuciones a los directores de establecimientos escolares, ante acciones de violencia que sucedan en los colegios, escuelas y liceos. El proyecto determina que acciones de esta naturaleza constituyen carácter de gravedad, generando la cancelación inmediata de la matrícula y por consiguiente la expulsión del estudiante.

A partir de los diversos eventos sucedidos en algunos establecimientos llamados “emblemáticos” en Santiago, es importante comprender la fenomenología de la violencia en nuestro sistema escolar, más allá de los discursos de autoridades que se hacen en al calor de los eventos. En primer lugar, se debe señalar que las escuelas y colegios solo son el reflejo de una problemática mucho más profunda a nivel social, por tanto, cargar la mano como respuestas finales a los mencionados sucesos, es no comprender que éste es un tema general de la sociedad actual, y que por tanto, la mirada debe ser integral y sistémica, abarcando no solo a Mineduc, sino que a otras instituciones políticas del país.

Tanto desde la Ley General de Educación (LGE, 2009), como las demás normativas existentes en años recientes, como la Ley de Inclusión (2014), señalan claramente los pasos y atribuciones que poseen los directores y sostenedores para enfrentar diversos sucesos de violencia que ocurren en los establecimientos, por lo tanto, el tema no es normativo, ya que las herramientas existen. A lo anterior, se suma las políticas internas de los colegios, escuelas y liceos que, a través de los reglamentos de convivencia, permiten dirimir estos temas de forma adecuada.

El problema radica en la perspectiva de convivencia escolar que es claramente punitiva, no preventiva, como tampoco apunta a elementos esenciales que configuran los cuadros de violencia en los establecimientos escolares de nuestro país.
Recientes estudios e investigaciones, como los realizados por UNICEF y UNESCO en 2017, muestran que “la violencia daña seriamente una buena calidad de los procesos de aprendizaje”, más aún, se comprende a la violencia como un medio válido de resolución de conflictos. Es clave que todo el sistema escolar, tanto local como nacional, genere amplia, no reduciendo la violencia solo a bullying o matonaje escolar, sino incluir otras expresiones, como la violencia de género, la que se ejerce hacia profesores, entre otros tipos de manifestaciones.

Debemos sumar a estos esfuerzos a familias, padres y madres, directivos, estudiantes y asistentes de la educación. Tenemos que cambiar la perspectiva punitiva y castigadora de las políticas internas en cuanto a atender la violencia como una acción externa a lo educativo, siendo que es parte de los elementos culturales y sociales de nuestro país hoy en día, que son transversales a los grupos socioeconómicos y a los diversos territorios. Esto se desprende a partir de los resultados del “Segundo Módulo del Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) sobre Violencia y Conflicto” del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), del año 2017, que claramente permiten identificar una serie de problemáticas claves, y que nos deben movilizar a entender la real dimensión que constituye la violencia en nuestra sociedad. 

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